El tema de la construcción del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua sigue suscitando una avalancha de comentarios, unos apoyando la idea y otros rechazando enfáticamente el proyecto. Es natural que una empresa de esta naturaleza genere polémicas; la razón principal no radica tanto en la idea sino más bien en el escaso o nulo conocimiento de que dispone la ciudadanía. El asunto se ha manejado con secretismo de parte del Gobierno y la presencia reciente en Nicaragua del principal inversionista chino, Wang Jing, contribuyó poco a esclarecer todo lo relacionado con el megaproyecto.
Quienes apoyan la construcción del Canal son, en su mayoría, simpatizantes o partidarios del FSLN, vale decir que para ellos el componente político o ideológico es lo más importante. Los que disienten de la idea constituyen una vasta gama que incluye a ambientalistas, ecologistas, defensores de los recursos hídricos, geólogos, juristas, etc., es decir que el factor político no constituye la base principal de su postura adversa.
Es evidente que la lógica más elemental exige que antes de aprobar una ley para otorgar una concesión canalera, sin importar si el inversionista es nacional o extranjero, la Asamblea Nacional disponga de todos los elementos pertinentes para tomar una decisión bien informada. Aquí se incluyen, en primer lugar, rigurosos estudios de prefactibilidad, factibilidad, efectos ambientales, afectación de los recursos naturales —principalmente los recursos hídricos—, aspectos relacionados con la solidez financiera y garantías que ofrecen al país los posibles inversionistas, derechos de propiedad y disposiciones en materia de indemnización aplicables a quienes verían afectado su patrimonio, aspectos legales y constitucionales que inciden en la soberanía de la nación, entre otras consideraciones.
Lo anterior hace más que increíble que los representantes del poder legislativo hayan aprobado precipitadamente la ley autorizando la construcción del Canal cuando hasta el día de hoy Nicaragua desconoce aspectos fundamentales relacionados con el proyecto. Para qué decir que la población nicaragüense carece de elementos de juicio para pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa. Lo lógico hubiera sido que el proyecto recibiera la más amplia difusión entre la población, que es la que resultaría eventualmente afectada o beneficiada, y es un tema que ameritaba haber sido sometido a consulta o referéndum, a fin de conocer lo que opina la ciudadanía. Al proceder de otra manera, el régimen ha colocado sencillamente la carreta delante de los bueyes, como se dice popularmente.
Quienes son partidarios del Canal afirman con ingenuo (¿o malévolo?) apasionamiento que la construcción de la vía interoceánica será la panacea que sacará a Nicaragua del subdesarrollo, que impulsará el empleo masivo, que disminuirá radicalmente la pobreza y esgrimen otros argumentos que no resisten el más somero análisis. Solo reflejan la embriaguez que produce tomar los deseos por realidades. Aparte que los presuntos beneficios no se verían sino muchísimos años después de finalizada la construcción del megaproyecto —para el cual no se vislumbra todavía fecha de inicio—, es preciso sopesar el costo-beneficio de la obra para establecer con certeza los probables daños y perjuicios que implicaría su realización.
Aquellos que se oponen al gigantesco proyecto piensan con razón que antes de embarcarse en una aventura incierta, Nicaragua no debe perder de vista que la base de su economía es esencialmente agrícola y ganadera, así como las industrias relacionadas con esos rubros, y que la millonada de dólares que se invertirían en el quimérico proyecto bien podrían servir para impulsar el desarrollo agropecuario, el riego de las extensas áreas afectadas por la sequía, mejorar la calidad de las semillas y los hatos ganaderos para incrementar las exportaciones. En pocas palabras, antes de soñar despiertos es preciso que la población cuente al menos con alimentos para su subsistencia, cosa actualmente problemática cuando hay, por ejemplo, escasez de frijoles en el mercado nacional y, cuando se consiguen, hay que pagarlos a casi 30 córdobas la libra. Según estadísticas de algunos organismos internacionales, gran parte de la población nicaragüense gana entre US$$1 y US$$2 por día, lo que apenas le alcanzaría para adquirir una libra de frijoles
Otro aspecto no menor es la hipoteca de la soberanía, por los próximos cien años, que los llamados “padres” de la patria hicieron al aprobar la concesión canalera a favor de un extranjero, en violación flagrante de la Constitución Política de Nicaragua. Esto tipifica el delito de lesa patria, tal como lo han denunciado tanto juristas como constitucionalistas, y amerita el enjuiciamiento de quienes con su voto sancionaron tal atropello a la dignidad e independencia de la nación.
Ambientalistas de la talla del doctor Roberto Incer Barquero y el doctor Salvador Montenegro Guillén han advertido que el paso por el lago Cocibolca de la ruta canalera elegida supondría un daño irreparable para la mayor reserva de agua dulce de Nicaragua y Centroamérica. Si ya constatamos las consecuencias que la actual sequía produce sobre la agricultura y la ganadería, huelga prevenir sobre la catástrofe que para las actuales y futuras generaciones implicaría la pérdida definitiva del gran lago de Nicaragua. El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en Chile.
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